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Las veedurías ciudadanas en Medellín han tenido un papel clave en su función social de control y vigilancia de la gestión pública en la ciudad, incluso antes de que fueran reglamentadas de forma oficial, primero en 1986 y luego en 2003, pero al mismo tiempo han debido afrontar retos que dificultan su estabilidad y permanencia.
Dos décadas antes de que la Ley 11 de 1986 mencionara su función de manera oficial –y que luego fue reglamentada en la Ley 850 de 2003, la cual aún permanece vigente–, el rol del veedor ciudadano ya estaba activo en Medellín.
Entre las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado surgieron en la ciudad organizaciones civiles que, ante los fenómenos sociales que se presentaban en esa época, con el crecimiento urbanístico de Medellín y el arribo masivo de poblaciones desplazadas que buscaban refugio ante el incremento de la violencia en zonas rurales, optaron por creas movimientos ciudadanos que vigilaban la gestión pública en temas relevantes para la ciudadanía como servicios públicos, salud y vivienda, recuerda Wéimar Guarín, coordinador del Observatorio de Control a la Gestión, de la Corporación Amigos Unidos.
Estas organizaciones, que aún no portaban consigo el rótulo de veedurías, vigilaban el uso eficiente de los recursos pero además la prestación adecuada de los servicios públicos, llegando al punto incluso de tener participación en las juntas directivas de las empresas encargadas de esta labor, recuerda Guarín.
Luego en los ochenta, surgen los comités de participación ciudadana –Copaco–, para ejercer veedurías en el sector salud, hasta la aparición de la Ley 11 de 1986, que sirvió como marco para oficializar esta actividad.
Aspectos claves de una función con historia
Una historia con obstáculos
En el transcurso de los años, las veedurías ciudadanas en Medellín han procurado cumplir con la función que, como lo señaló el contralor general Carlos Felipe Córdoba en 2018, es necesaria ya que “con el apoyo que desarrollan en cada una de las ciudades capitales del país, nos ayudan a vigilar la plata de todos los colombianos. Esa plata de la salud, de la educación, de la infraestructura, para nosotros es fundamental”.
Para el expersonero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, quien ejerció este cargo entre 2004 y 2007, justo cuando comenzó a tomar fuerza el papel de las veedurías ciudadanas luego de la Ley 850 de 2003, estas han surgido en la ciudad de manera espontánea como respuesta a algunos hechos importantes en los que grupos de ciudadanos se ponen de acuerdo para vigilar proyectos o programas con relevancia.
Entre algunas de las veedurías más reconocidas en Medellín, algunas de ellas aún vigentes, se encuentran:
La mayoría han logrado perdurar, otras solo han permanecido el tiempo que el proyecto o el programa ha durado según su objeto y ejecución o construcción.
Para Herrán, un problema fundamental para el sostenimiento de las veedurías ha sido la financiación, ya que las normas vigentes no contemplan que reciban recursos del Estado, por tanto dependen del apoyo de entidades o instituciones que quieran hacerlo. Otro aspecto es que cuando no hay un liderazgo o un compromiso de sus gestantes, su labor se queda corta o no finaliza con éxito.
En la actualidad, el Registro Único Empresarial reporta 378 veedurías inscritas en Medellín. En años recientes ha habido intentos por agruparlas en entidades como la Red de Veedurías de Medellín y el Valle de Aburrá, que fue presentada en 2015, y la Alianza Ver + Capítulo Antioquia, consolidada en 2017.
En años recientes, las veedurías en Medellín, en palabras de Herrán Vargas, han tenido que afrontar obstáculos para recibir la información de los programas o proyectos que vigilan, aunque el recurso del derecho de petición ha sido un mecanismo útil.
Empero, dice que muchas entidades han creado fórmulas para que el derecho de petición no sea tan eficaz, pues exigen que sea radicado en distintos formatos que retrasan la labor de las veedurías y su acceso a la información.
Con todo, las veedurías ciudadanas en Medellín han ido consolidando su labor, y hoy son actores claves en la verificación de la gestión pública para que quienes la ejercen cumplan con eficiencia y eficacia su compromiso de servicio y transparencia con la ciudad.
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