Gobierno Corporativo de EPM: Después de la Tormenta, ahora las Propuestas.

Por: Rubén Darío Avendaño1

Como “después de la tormenta viene la calma” el debate en torno al gobierno corporativo de EPM parece haber pasado la fase de borrasca de ataques y finalmente está llegando a la calma de las propuestas. Si de algo ha servido esta turbulencia es para llevar a la ciudad al inaplazable y muy necesario debate sobre el gobierno corporativo de la empresa antioqueña y por eso es deseable concentrarse en la discusión de alternativas para optimizar su gobierno corporativo.

En ese ánimo constructivo lo importante es primero entender cuál es la discusión de fondo en el gobierno corporativo de la entidad. La cuestión crítica que está en juego para Medellín es acordar cómo se debe ejercer la propiedad del Grupo EPM. Como todas las empresas del Estado en Colombia y el resto del mundo, este es un activo de los ciudadanos, pero gobernada por funcionarios que ejercen la titularidad de la propiedad en su nombre, como resultado de un legítimo proceso electoral, cada cuatro años. Pero como se demuestra en este caso, parece que es necesario convenir unas clara reglas del ejercicio de la propiedad pues lo cierto es que no funcionaron. ¿Qué hacer?

Comienzo por decir que la forma como se ejerce la propiedad de las entidades públicas es una tarea que ya hicieron otros países. Desde el 2015 existen unas directrices de la OECD específicas para este tema. Mi propuesta es entonces que revisemos lo que se ha hecho en otros países y desarrollemos un nuevo modelo de gobierno corporativo para EPM siguiendo las mejores experiencias. En otras latitudes también han tenido que abordar el tema de la colisión de dos principios no fácilmente reconciliables: los empresariales y los políticos y sociales. La ciudad debe definir unas reglas claras del ejercicio de la propiedad desde el Estado. Hay que hacerlas aquí en Medellín, pues no hay unas nacionales y las que hay son opacas y se sustentan en normas débiles, alusiones indirectas e interpretaciones sesgadas a otras normativas y hacerlas nítidas para que no se acomoden cada vez que cambien los actores o que haya un problema como el actual.

El ejercicio de la propiedad de este tipo de empresas en los países que han logrado organizaciones públicas exitosas se basa en un mandato de propiedad explícito, emitido desde la más alta instancia de propiedad de la empresa, introduciendo reglas en la conformación y funcionamiento de sus órganos de gobierno, en la auditoría interna y los controles internos y externos –lo que se denomina el ambiente de control-. Este mandato deberá dar señales inequívocas que el objetivo de la empresa es la generación de valor económico y social y por tanto sus administradores y la junta deberán ser evaluados contra el logro de ese parámetro principal y serán elegidos por su idoneidad–no por su cercanía con el sector privado o público de la ciudad—. Aquí también se establecerán reglas, condiciones y parámetros mínimos del desempeño esperados del Grupo EPM, definiendo los criterios financieros, ambientales, de riesgo, de responsabilidad social empresarial, entre otros muchos. De no adoptarse un mandato de propiedad claro, lo más probable, que veamos en la próxima crisis destruir valor de este imprescindible activo de los antioqueños. Conclusión: Manos a la obra!

Bogotá D.C. Septiembre de 2020

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1 El autor es consultor internacional en Gobierno Corporativo de empresas de propiedad del Estado. Estuvo a cargo del diseño del modelo de gobierno del Grupo EPM entre 2008 y el 2013. Diseñó e implantó el nuevo modelo de Gobierno Corporativo de la empresa del acueducto metropolitano de Bucaramanga, siguiendo las directrices de la OECD, ha sido consultor del BID y el Banco Mundial en Gobierno Corporativo y recientemente diseñó para el Ministerio de Vivienda el proyecto de norma que regirá el gobierno corporativo de las empresas públicas del sector de agua potable y saneamiento en Colombia.

 

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