Debate abierto: dudas sobre el éxito y la pertinencia de Medellín Me Cuida

Tomado de presentación concejal Daniel Duque en debate de control político

El Concejo de Medellín discutió esta semana sobre la dimensión y las sombras que aún persiguen a la plataforma Medellín Me Cuida. Un debate que arrojó luces del porqué la plataforma no es  la gran responsable de que Medellín fuera vista como un caso de éxito durante los primeros meses de atención a la pandemia, ni ahora es culpable del aumento de casos en la ciudad. En medio de eso, muchas preguntas jurídicas y éticas a una estrategia que se ha transformado sobre la marcha.

Dicho de otra manera: Medellín me Cuida, que se vendió entre abril y junio por la actual administración como la panacea tecnológica para responder a la pandemia, en términos sociales y epidemiológicos, se fue desdibujando con el pasar de los meses mientras aún persisten las dudas sobre la legalidad y la finalidad del uso de los datos de 3,4 millones de personas. Hasta en las redes sociales del Alcalde la plataforma pasó a un segundo plano.

Daniel Duque, el concejal (Alianza Verde) que citó al debate de control político, concentró sus críticas a la plataforma en tres aspectos:  no está probada la efectividad de Medellín Me Cuida para contener la expansión del virus, los cuestionamientos a la legalidad y a qué datos entregó la ciudadanía y los posibles conflictos de interés de funcionarios a cargo de dicha mega base de datos y el manejo ético que requiere una información tan sensible.

“Otras ciudades, sin la captura de datos de Medellín Me Cuida, han tenido resultados mejores o por lo menos similares en la contención de la pandemia a los de la ciudad. “¿Fue la captura de datos un factor determinante? ¿Se justificaba ese nivel de invasión a la privacidad?”, dijo antes de afirmar que estaba claro que Medellín Me Cuida no aportó a que los cercos epidemiológicos se realizaran de manera oportuna, lo que le resta relevancia entre el grupo de estrategias que han conseguido que la capital antioqueña tenga una cifra de letalidad por el virus (1,8 %) menor al promedio nacional (3 %).

Un panorama que complementó el concejal Alfredo Ramos (Centro Democrático) quien aseguró que la administración municipal “no cumplió con los requisitos exigidos por la ley porque condicionó el trabajo de las personas a diligenciar información personal y sensible, además solicitó datos íntimos de salud que no pueden pedirse bajo ningún soporte legal”.

Temas que no son menores si se tiene en cuenta que, tal como lo presentó el concejal Duque, el MIT Technology Review ha teorizado sobre el asunto y ha señalado pilares que cualquier proyecto de recolección masiva de datos debe tener como: ser de carácter voluntario, delimitar de manera clara el uso, eliminarlos luego del uso o a petición del usuario y ser transparente en el manejo y en los resultados que esa captación masiva produzca.

¿Falsos dilemas?

La abogada Lucía Camacho trabaja con la Fundación Karisma, entidad dedicada a estudiar la intersección entre derechos humanos y tecnologías digitales. En los meses de seguimiento a la plataforma Medellín Me Cuida, desde que saliera a la luz pública el pasado 5 de abril, la experta plantea interrogantes en tres aspectos clave: privacidad, transparencia y legalidad. El alcance de esas dudas aborda temas importantes como la posibilidad de cada ciudadano de controlar el destino de los datos, consentir o no su tratamiento y exigir rendición de cuentas a los encargados de su seguridad y protección.

“Desde que se desplegó Medellín Me Cuida como estrategia de lucha contra el Covid hay un ambiente narrativo de falso dilema entre privacidad y salud. A quienes nos dedicamos al escrutinio ciudadano nos quieren ubicar como enemigos del cuidado de la salud colectiva cada vez que nos interesamos por los datos personales y sensibles. La privacidad no puede ser convertida en un derecho que solo tiene vigencia en tiempos de normalidad”, explicó.

Para la experta hubo dudas sobre la privacidad desde un principio porque no fue claro en cómo se insertaba ese formulario web de Medellín Me Cuida, que indagaba por datos personales y de salud como posibles síntomas y comorbilidades, en una estrategia macro de atención a la pandemia.

Además, la primera política de tratamiento de datos salió cuando la plataforma ya llevaba 20 días de funcionamiento y la administración se justificó en la premura de implementar la plataforma. Dicha estrategia ha tenido cambios con el pasar de los meses, pero hay inquietudes que siguen vigentes, algunas señaladas por la Superintendencia de Industria y Comercio que por medio de una resolución hizo un llamado sobre la ausencia de mecanismos de seguridad en la información.

La SIC cuestionó además el poco compromiso de la plataforma con la garantía de privacidad, la imposibilidad que tenían las personas registradas de actualizar los síntomas y a la manera en que se podía acceder al registro y proporcionar información incorrecta sin ningún tipo de autenticación o verificación por parte de Medellín Me Cuida.

En el mismo sentido opina el abogado Esteban Hoyos, docente de derecho constitucional, quien recalcó que el debate no es contra la tecnología sino sobre las implicaciones éticas y jurídicas respecto a un objetivo tan amplio como el que plantea la Alcaldía de Medellín con esta plataforma:

“La administración dice que no se le puede atribuir el aumento de casos al fracaso de Medellín Me Cuida, pero ¿sí se podía hacer al contrario cuando apenas estaba empezando la pandemia? Hay que ser consecuentes”, consideró y planteó que hay interrogantes sin respuesta sobre el carácter temporal de los datos allí almacenados, si la aplicación es lo suficientemente segura y qué tan voluntario o no fue la inscripción a la plataforma cuando mediaba la necesidad de hacer el registro para la reactivación económica.

La defensa oficial

Sebastián González, secretario de Innovación Digital, defendió la seguridad de la plataforma, aseguró que aunque Karisma identificó una vulnerabilidad nunca hubo fuga de datos y explicó que las dudas de la SIC para mejorar la funcionalidad de la plataforma fueron atendidas en los últimos meses.

“La plataforma permitió dar un apoyo oportuno para que las personas pudieran permanecer en casa mientras se fortalecía la red hospitalaria y hacer cercos epidemiológicos focalizados como los de Santa Cruz y el Centro. Pedimos nuevos datos porque no teníamos la información en tiempo real de personas que estaban en vulnerabilidad y esa información no estaba en bases de datos gubernamentales como el Sisbén”, dijo, sin ahondar en más detalles de cómo la app ayuda a los cercos o qué garantías hay de que serán bien usados los datos de 3,4 millones de personas en el Valle de Aburrá que llenaron el formulario. 

El debate sigue abierto y los datos personales y sensibles de millones de personas siguen a cargo de la Administración Municipal. ¿Hasta cuándo y con qué garantías de control? Dos de las preguntas que aún quedan sin respuesta formal. No olvidemos que los datos son, talvez, el activo más importante que tienen las empresas y los gobiernos en el mundo. Son una herramienta poderosa que se debe usar dentro de los límites de la legalidad y con un sentido ético intachable.

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