Defender lo público: un llamado a la acción ciudadana y al ejercicio del pensamiento crítico

 La defensa de lo público es fundamental y urgente en una sociedad en la que la construcción del bienestar colectivo se encuentra permanentemente en jaque; bienestar colectivo que, además, está lejos de pensarse de una manera crítica para trazar puntos de acuerdo respecto a la garantía de los derechos y, por ende, la dignidad humana.

(Lea aquí ¿Presupuesto sin participación?)

Defender lo público es defender la capacidad de un Estado y sus instituciones para responder de manera eficiente y eficaz a las necesidades cotidianas de los ciudadanos, además de defender la pluralidad de la ciudadanía dando lugar a su participación y también reconociendo las múltiples realidades que la conforman; lo anterior sin dejar de lado que la defensa de lo público es la defensa por la credibilidad y legitimidad en las instituciones del Estado.

En el ejercicio de la defensa de lo público es necesario el acceso a la información como un primer punto de partida, sin dejar por fuera el que para defender lo público sea importante contar con espacios de denuncia, que brinden seguridad y soporte al denunciante. Para hacerlo también se requiere reconocer los tipos de acciones que generan exclusión e inequidad; que vulneran los derechos fundamentales; que debilitan la democracia y que afectan la legitimidad y la confianza en el Estado, sobre esto el Observatorio Monitor ciudadano de la corrupción –una iniciativa de Transparencia por Colombia– brinda información de interés, al compartir las diferentes categorías en las que se clasifican los hechos de corrupción.

Este Observatorio es un ejemplo interesante de acción para la defensa de lo público, una plataforma de curaduría de información, investigación y seguimiento a la corrupción del país “la cual se encarga de incentivar, acompañar y proteger la denuncia ciudadana de la corrupción”. En su tercer informe, el Monitor Ciudadano se encarga de compartir hallazgos tras haber investigado los casos de corrupción que se denunciaron en la prensa nacional entre los años 2016 y 2018, lo anterior a través de un documento que brinda claridades sobre los tipos de vulneración a lo público y que expone ejemplos concretos de corrupción sobre la manera en la que esta opera en el país.  

En Colombia entre enero de 2016 y julio de 2018  la prensa nacional (*) reportó 327 casos de corrupción (**) en el país de los cuáles el 45% se concentró en los departamentos con mayor población (Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia) y de estos, el 49% en ciudades capitales (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín,) (Monitor ciudadano, 2019). Según arrojó la investigación, la mayor parte de la corrupción registrada en ese periodo afectó de manera principal al sector público, pues en su mayoría fueron hechos de corrupción administrativa (73%) y corrupción judicial (7%).

*Este periodo de investigación fue definido por el Observatorio Monitor ciudadano en razón de tres momentos: la llegada al Acuerdo Final para la terminación del conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP; el aumento de la exposición pública y el cubrimiento mediático de casos de corrupción durante ese periodo, y el primer semestre del 2018 se toma como periodo final de la investigación respondiendo a una coyuntura de cambio de gobierno.

** “Se define un hecho de corrupción como la ocurrencia de irregularidades o conductas ilegales reportadas en notas de prensa nacional y/o regional, que responden a las definición de corrupción manejada por Transparencia por Colombia: abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”. (Observatorio Monitor ciudadano de la corrupción, 2019)“. 

Señala el informe que más de la mitad de los hechos de corrupción reportados por la prensa afectaron a los sectores de la educación (16 %), la infraestructura y transporte (15 %), la salud (14 %) y la función pública (12 %); sobre la cuantía de los recursos perdidos en estos hechos el 29 % fueron por montos superiores a los $ 10.000 millones, seguido de un 26 % que osciló entre los $ 1.000 a $ 5.000 millones. Concluye este dato señalando que la pérdida de recursos acumulada en 207 casos (de los 327 reportados por la prensa) fue cercana a $17,9 billones, un total equivalente a la mitad del presupuesto de inversión del gobierno nacional en el sector educativo durante 2018. (Monitor ciudadano, 2019).

“Autoridades, servidores públicos, dignatarios y funcionarios de alto nivel del gobierno, proveedores del estado, contratistas, gremios y ciudadanos del común hacen parte del complejo entramado de actores que para apropiarse de recursos y favorecer su interés particular incurren en actos criminales de corrupción alterando procesos administrativos, apropiándose de recursos y favoreciendo el interés particular en nombre de las decisiones públicas” (Observatorio Monitor ciudadano de la corrupción, 2019)

La complejidad de esa realidad hace mucho más difícil la tarea por la defensa de lo público, y a su vez justifica la urgencia porque ejercicios de control social y participación ciudadana plurales y diversos pongan el ojo en su manejo y gestión, y también en la configuración de las conversaciones ciudadanas y la problematización que desde estas se proponen sobre la realidad local.

Hay entonces una gran responsabilidad civil frente al cuidado de lo público y su defensa, de ahí que hablar de participación ciudadana y de respetar al derecho a esta, sea una manera de ejercer el cuidado de lo público, pues la participación es un bien colectivo en el que se cobijan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

En TODOS POR MEDELLÍN estamos comprometidos con la defensa de lo público, haciendo un ejercicio riguroso de seguimiento a las irregularidades y alarmas frente a la gestión pública local y, lo más importante, como espacio plural en el que tienen representación diferentes sectores de la sociedad que buscan un horizonte compartido en el que aún en la diversidad haya consensos respecto a cómo proteger lo público en procura del bienestar colectivo.

Lo público es de todos, Todos por Medellín.

 

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